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  La debilidad de la demanda causada por la crisis de crédito llevó a que las economías avanzadas incurriesen en enormes déficits públicos para sostener la actividad. Amortiguado el golpe, la cuestión se centra ahora en corregir los déficits y reducir unas deudas gubernamentales que están en niveles excesivamente altos. Por ello, 2011 debe ser un año de consolidación fiscal. Sin embargo, en esta cuestión, Estados Unidos y Europa siguen caminos divergentes. Japón, obligado a afrontar los costes de reconstrucción después del terremoto, queda como un caso aparte.

  Mientras que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la eurozona el déficit público pasará del 6,1% del PIB en 2010 al 4,4% en 2011, en Estados Unidos aumentará del 10,6% al 10,8%. Y la situación no parece enderezarse lo suficiente en el medio plazo. El FMI espera que el déficit público estadounidense se mantenga en torno al 6% del PIB en 2016, mientras que en la eurozona prevé que caiga por debajo del 2%. Así, para 2016, la deuda bruta del gobierno americano podría llegar al 112% del PIB en comparación con el 86% de la eurozona. Estas cifras plantean una seria cuestión sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas estadounidenses, tal y como ha subrayado S&P al rebajar la perspectiva del rating de la deuda pública americana de estable a negativa.

  Estados Unidos ha tomado conciencia de la gravedad de la situación. El debate sobre el déficit público está ya en el centro de la escena política, como lo demuestran las negociaciones febriles para evitar un posible apagón gubernamental el próximo mes de mayo. Pero el verdadero debate está en cómo acometer la consolidación fiscal. La recuperación del equilibrio y la sostenibilidad del erario público pasan por una reducción de gastos y por un aumento de los ingresos.

  La mayor parte de propuestas hasta la fecha, tanto de la administración demócrata como de la oposición republicana, ponen el énfasis en el lado del gasto. El problema, sin embargo, es que buena parte del gasto del gobierno federal, que es el nivel de gobierno que explica el grueso del déficit público, se dedica a sanidad, pensiones y otros programas de transferencias en los que el margen para el ahorro es limitado, vistas las presiones demográficas y la dificultad política de acometer reformas que modifiquen las prestaciones. Por ello, las propuestas se centran en reducir los denominados gastos discrecionales. Sin embargo, estos representan sólo un 40% del total de gastos y la mitad se dedican a defensa, una partida también muy delicada políticamente. En definitiva, aunque parte del ajuste del déficit fiscal provendrá de una disminución del gasto, la mayor parte de estimaciones realistas, tanto del FMI como de la Oficina Presupuestaria del Congreso, limitan el potencial ahorro a un máximo del 1%-1,5% del PIB en los próximos cinco años.

  La otra alternativa para reducir el déficit es aumentar los ingresos. Esto no parece descabellado si se considera que en Estados Unidos los ingresos del total de las administraciones públicas están en un nivel relativamente bajo. En 2010, sumaron un 30,5% del PIB, unos 4 puntos del PIB por debajo de los niveles de principios de la década, la última vez que el saldo presupuestario se encontró cerca del equilibrio. La ratio también es baja si se la compara con el 35,7% del conjunto de las economías avanzadas o con el 44,4% de la eurozona en 2010. En parte, el peso de los ingresos sobre el PIB crecerá de forma automática a medida que avance la recuperación económica y crezcan el empleo y los beneficios empresariales. Pero esta inercia, por si sola, sería insuficiente para reducir el déficit fiscal hasta el nivel necesario para estabilizar la deuda pública. Según distintos analistas, serían necesarias medidas por el lado de los ingresos que pudieran aportar en torno a un 2% del PIB a medio plazo.

  No todos los aumentos de impuestos son iguales. Algunos generan más distorsiones que otros e incluso hay casos en los que un cambio de la presión impositiva puede venir asociado a una reducción de las distorsiones, por ejemplo, si se amplía la base y se reducen los tipos impositivos. En este sentido, existen tres propuestas sobre la mesa que minimizarían el efecto negativo que una subida de la presión impositiva puede tener sobre el crecimiento económico: la disminución de las deducciones fiscales, la implantación de un impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los denominados impuestos ecológicos.

  Las deducciones fiscales en Estados Unidos figuran entre las más costosas del mundo. Según la OCDE, en 2010 tuvieron un coste equivalente al 8% del PIB, cuando en Alemania apenas llegaron al 1%. A menudo, estas figuras son altamente distorsionantes y complican y restan transparencia al sistema impositivo. En concreto, existen dos tipos de deducciones que podrían repensarse. La primera es la deducción de los intereses pagados en créditos hipotecarios, que fue pensada para incentivar la propiedad frente al alquiler pero que, en la práctica, también incentiva la compra de inmuebles más grandes y más caros. Su eliminación podría generar unos ingresos anuales adicionales equivalentes al 0,4% del PIB, según las estimaciones de la Oficina del Congreso. Una propuesta similar es la de limitar el conjunto de las deducciones (incluyendo intereses hipotecarios, gastos médicos, etc.) al 15% de la renta de las personas físicas, lo que podría aumentar los ingresos públicos en un 1% del PIB.

  Otro grupo importante de deducciones tiene que ver con el impuesto de sociedades, que en Estados Unidos tiene un tipo de gravamen máximo sobre los beneficios del 35%, uno de los más altos del mundo. Por contra, las deducciones son de las más generosas y ciertos tipos de empresa quedan exentas de este impuesto. La reducción de estas deducciones supondría un ahorro del 0,4% del PIB, lo que dejaría espacio suficiente para una posible reducción del tipo de gravamen en el impuesto de sociedades.

  La segunda vía de aumento de ingresos sería la implantación de un IVA. En el caso de una tasa de gravamen del 5%, la Oficina Presupuestaria del Congreso ha estimado que los ingresos podrían alcanzar el 1,4% del PIB. Una de las ventajas del IVA es que no tiene efectos desincentivadores sobre el ahorro y la inversión. Su regresividad, ya que las familias con bajos ingresos gastan una parte mayor de sus ingresos, podría compensarse excluyendo del impuesto los productos de primera necesidad.

  En tercer lugar, los impuestos verdes podrían también tener su razón de ser en una economía con una elevada intensidad energética. Un impuesto adicional de 0,25 dólares por galón (3,78 litros) de gasolina, por ejemplo, recaudaría alrededor de un 0,2% del PIB. También se ha estimado que la subasta de permisos para las emisiones de dióxido de carbono compatibles con una reducción de emisiones de un 20% podría suponer unos ingresos equivalentes al 0,6% del PIB.

  Queda claro que las soluciones para reducir el déficit existen, unas mejores que otras. Cabe esperar que, en un país que se ha caracterizado por el éxito de sus comisiones bipartidistas, se encuentre el camino político adecuado para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

  Este recuadro ha sido elaborado por Jordi Singla

  Departamento de Economía Internacional, Área de Estudios y Análisis Económico, "la Caixa"

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