El Estado se endeuda a pesar del superávit presupuestario

  Los Presupuestos Generales del Estado para 2006 presentan un superávit en términos consolidados del 0,3% del PIB. Este saldo positivo resulta de la compensación entre los excedentes de la Seguridad Social y los déficit respectivos del Estado, organismos autónomos y otros entes públicos como el Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo Económico y Social, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto de Comercio Exterior, el Centro Nacional de Inteligencia y el Museo del Prado.

  Pese a este saldo positivo, los PGE presentan una necesidad de endeudamiento neta, es decir, un desequilibrio financiero, de 14.082 millones de euros, equivalente a un 1,5% del PIB. Esta circunstancia no es nueva de este ejercicio, sino que es un recurso habitual en la presentación de las cuentas públicas. Año tras año, las necesidades financieras netas del Estado han excedido sus ingresos totales.

  ¿Por qué se produce esta discrepancia? Las normas contables permiten que, por ejemplo, se registren como inversiones financieras ciertos flujos de salida que, por su naturaleza, se asimilarían más a un gasto de inversión real. Un ejemplo es la aportación dineraria del Estado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que más parece una inversión a fondo perdido (como son las inversiones públicas en infraestructuras) que una inversión financieramente recuperable.

  El resto del recurso al aumento de activos financieros se orienta en una línea similar. En general, se trata de concesión de préstamos o aportaciones patrimoniales a empresas integradas en el sector público empresarial, a instituciones pertenecientes al sector público fundacional y a una serie de entidades de derecho público sin personalidad jurídica propia, como el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), el Fondo para Inversiones en el Exterior, Fondo para la Concesión de Microcréditos (desarrollo social exterior), el Fondo para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT) y el Fondo para la Inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa.

  En concreto, las aportaciones más destacables contenidas en los PGE 2006 van, entre otras finalidades, a programas de investigación y desarrollo de los ministerios de Industria (2.773 millones de euros) y Educación y Ciencia (860 millones), al ADIF (1.851 millones), al FAD (850 millones), a préstamos a promotores de infraestructuras de carreteras (679 millones), a la sociedad RENFE-operadora (404 millones), a la nueva Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (400 millones), a políticas de reindustrialización de zonas desfavorecidas (215 millones), y al FOMIT (70 millones). En apariencia, estas operaciones tienen una naturaleza más cercana al gasto que a la inversión financiera.

  Al margen de las actuaciones a través de las cuentas financieras, los PGE contienen también unas autorizaciones de aval que, a la postre, significan también más gasto público en la medida en la que cubren las pérdidas de la Corporación de Radio y Televisión Española y de las empresas públicas con resultados negativos. Estos avales, contabilizados como déficit dentro de las cifras de contabilidad nacional, no aparecen, sin embargo, en las cuentas financieras de los presupuestos.

  Las cifras avaladas, por otra parte, son muy importantes: 226,59 millones de euros para cubrir las pérdidas atribuidas a RTVE (al margen de la subvención de explotación, por importe de 578,58 millones de euros) o los 180,30 millones para RENFE-operadora. Más significativo es el importe de los avales que puede realizar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en beneficio de sus empresas participadas para determinadas operaciones de crédito o garantía. El límite máximo a avalar es de 1.210 millones de euros, cifra superior a las pérdidas netas estimadas del sector público empresarial (1.022,56 millones).

  Pese a estas elevadas necesidades de financiación, lo cierto es que en términos de PIB han perdido importancia relativa, ya que el crecimiento nominal de la economía ha superado el volumen de estas necesidades públicas. Así se explica la tendencia a la baja que presenta la deuda pública con relación al PIB, una tendencia indicativa de la salud de las cuentas públicas en los últimos años y que en 2006 se espera que descienda al 43,0% frente al 46,6% de 2004.

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